Asociaciones Público – Privadas (APP) en Panamá

A partir del 19 de septiembre de 2019 mediante Ley 93 se establece el Régimen de Asociación Público-Privada con el objetivo de incentivar la inversión privada, desarrollo social y creación de empleos.


Esta ley tiene como propósito que las APP generen la participación privada y que se incorpore conocimiento, equipo, experiencias y tecnología donde se distribuyan los riesgos y recursos. El objetivo principal es el crear, desarrollar, mejorar y el mantenimiento de toda la infraestructura pública.


La reglamentación y la aplicación de la Ley 93 será definida por un ente rector. Dicho ente estará dirigido por el ministro de la Presidencia e integrado además por sus colegas de Economía y Finanzas, Obras Públicas, Comercio e Industrias, Relaciones Exteriores y el Contralor General de la República, quien solo actuará con derecho a voz.


Los contratos de APP durarán máximo 30 años prorrogables por diez años más. Los bancos estatales no podrán financiar más del 25% de los proyectos de inversión. Además, establece que ningún contrato será inferior a los 15 millones de dólares, con excepción de los que se desarrollen por iniciativas municipales.


Se ha limitado la participación de toda persona y/o empresa que haya sido señalada en actos de corrupción además de las empresas que se encuentren morosas por la falta de pago de multas por incumplimiento de contratos. También se ha limitado la participación de empresas que no han cedido “el dominio” al concesionario de la obra.


Antes de que un proyecto pueda ser licitado bajo la modalidad de APP, se deben realizar estudios preliminares basados en los seis elementos de elegibilidad establecidos en la ley (beneficios sociales, análisis económico de costo-beneficio, asignación de riesgos, indicadores de servicio, estudios de factibilidad, así como aspectos ambientales y legales). La Entidad Pública Contratante debe entonces elaborar un informe técnico, sujeto a la opinión y observaciones de la Secretaría Nacional de APP, las cuales deben ser remitidas al

Ente Rector, para que éste decida si aprueba que se licite el proyecto.


Dicha Ley también establece la exclusión a las siguientes entidades Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Autoridad del Canal de Panamá, la Caja de Seguro Social, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco Hipotecario Nacional, el Instituto de Seguro Agropecuario, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos de Panamá, así como servicios de seguridad pública, salud médica, educación oficial y concesiones de extracción metálica.


Si desea conversar y documentarse más sobre contrataciones públicas hágalo con nuestro especialista el Lic. Abel Navarro (abelnavarro@panleb.com)

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